Hace casi treinta años (1994) el Gobierno de Canarias asumió las competencias en materia de salud y, entre otros servicios, puso en marcha un dispositivo de atención de emergencias sanitarias, lo que permitió, entre otros aspectos, erradicar la imagen del vehículo particular que, exhibiendo un pañuelo blanco por la ventanilla y haciendo sonar la pita (claxon), trasportaba en su interior un accidentado o un enfermo desde su domicilio al hospital y con este dispositivo acercamos el hospital al paciente.

Tomando como base esta gran experiencia, posteriormente hace veinticinco años (1998) el Gobierno de Canarias, creó el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad 1-1-2, como Teléfono Unico de Urgencias Europeo y consiguió que todos los servicios de emergencias funcionaran como un sistema único.

A lo largo de estas décadas, hemos tenido diversas situaciones críticas, tales como incendios forestales, calimas, lluvias torrenciales, una pandemia y la erupción de un volcán en la isla de La Palma. Pero, además de ésto, diariamente ocurren situaciones en las que las personas necesitan de los servicios de seguridad y emergencias, ya que en la sociedad del riesgo en la que vivimos, continúan ocurriendo infartos, accidentes, incendios, hurtos, robos, etc.

Por ello, hemos aprendido que además, existen un conjunto de servicios que deben seguir funcionando las veinticuatro horas del día y que permiten a todas las personas que viven y a las que visitan nuestras islas, vivir con bienestar.

El Gobierno de Canarias presta una serie de servicios que pueden considerarse como esenciales que son prestados las veinticuatro horas del día, durante todo el año (24 x 7) y están relacionados con el acceso al sistema de seguridad y emergencias, coordinación sanitaria urgente, policía, rescates, pero también otros como el centro de proceso de datos, información ciudadana, teleasistencia social, atención y control de edificios de infraestructuras críticas, control de infraestructuras viarias, etc.

Actualmente, muchas de estos servicios se encuentran ubicadas en instalaciones dispersas, principalmente en las zonas de Santa Cruz de Tenerife-La Laguna y Las Palmas de Gran Canaria-Telde.

Por ello, y con el fin de ser más eficientes, no solo desde un punto de vista económico, sino principalmente operativo y de garantizar el funcionamiento de estos servicios permanentemente  cada día y además en situaciones adversas, resulta necesario concentrar a todos los servicios de respuesta, información, alerta y actuación frente a incidentes críticos, en dos ubicaciones localizadas una en Telde (isla de Gran Canaria) y otra, en Santa Cruz de Tenerife (isla de Tenerife), que operarán como una sola dado servicio integral a las ocho islas..

Y, de esta manera, también dar respuesta a la actual dispersión que propicia problemáticas de movilidad, conectividad e interrelación, así como lograr una modernización de una gran parte de las mencionadas infraestructuras surgidas a lo largo del tiempo, por cuanto responden a tipologías edificatorias heterogéneas, que en algunos casos ya no cumplen los requisitos de la normativa vigente, ni cubren la demanda de prestaciones actuales, en las que, además se utilizan recursos tecnológicos insuficientes u obsoletos.

Por ello, esta iniciativa responde a la necesidad de generar el desarrollo de un proyecto capaz de aglutinar y coordinar la acciones y recursos de todas estas infraestructuras en un soporte edificatorio de altas prestaciones tecnológicas, estratégicamente localizado en el territorio, protegido y adecuado a los criterios de sostenibilidad ante el cambio climático, de manera que permitan la continuidad de la prestación de los servicios esenciales del Gobierno de Canarias que redunden en beneficio de todas y todos.

En su diseño también se ha previsto su capacidad de hacer frente a situaciones excepcionales de índole sísmica y vulcanológica, o las derivadas de fenomenologías meteorológicas adversas y su concepción está regida por los principios de eficiencia, sostenibilidad. e integración urbano-paisajística.

Para ello, se prevé en su dimensionamiento las expectativas de crecimiento de los distintos servicios conforme a sus requisitos específicos y la demanda creciente de nuestra sociedad, de forma que los edificios están dimensionados para las necesidades de 2030-2040 estando previsto que cada edificio albergará a unos 550 empleados públicos y ocupará una extensión útil de 23.000 m2. Un proyecto de casi ochenta millones de euros de inversión financiado con fondos europeos, a través de FEDER 21-27.

Nos encontramos ante un proyecto de gobierno en el que participarán varias consejerías y múltiples centros directivos con competencias en materia de servicios esenciales, que deben seguir funcionando en condiciones adversas las veinticuatro horas de todos los días del año.